El abogado independiente de San Cristóbal de Las Casas, Julio César Pérez Ruiz, pidió a los gobiernos federal y estatal brindar una atención diferenciada a los indígenas desplazados del ejido Puebla municipio de Chenalhó, el 26 de mayo del 2016, debido a que 14 familias no desean regresar a sus hogares sino ser reubicadas en otras localidades de ese municipio, el resto de las 54 familias, 40 en total, han manifestado su deseo de regresar a sus casas y deben ser atendidos como tal en su justa dimensión.
Los indígenas expulsados hace más de 6 años fueron 246 personas con un total de 54 familias, de ellos, 14 familias que desean reubicación con un total de 40 personas, en tanto que 206 personas han manifestado su interés de retornar a sus hogares, y en uso pleno de sus derechos, deben tener acceso a la justicia, no a la discriminación, ni a la cerrazón, enfatizó el abogado defensor de las víctimas.
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Hay varios grupos entre los desplazados, algunos buscan retornar a la comunidad, otro grupo que son deudos de Guadalupe Cruz Hernández, asesinado con arma de fuego el día de la expulsión buscan ser reubicados, esos dos grupos están en su derecho de exigir atención debida, 14 familias no desean regresar al ejido Puebla por la situación de vulnerabilidad en que se encuentran, explicó el defensor.
El Estado Mexicano tiene la obligación constitucional de dar respuestas puntuales a la justa demanda, no evitó el desplazamiento interno, no garantizó condiciones de seguridad y protección a las familias, es su obligación localizar un nuevo territorio donde serían reubicadas 14 familias y luego generar la construcción de sus viviendas, lamentablemente por ahora no hay voluntad política de querer atender este problema social, hay cerrazón totalmente, sostuvo Pérez Ruiz.
Aclaró el abogado que no deben ser los indígenas desplazados los que tengan que comprar sus nuevas tierras, además, no tienen recursos económicos, tampoco deben ser los responsables de la construcción de sus viviendas, tiene que ser el Estado Mexicano, pero además, se debe cumplir con la reparación de los daños, las viviendas de las 54 familias desplazadas fueron destruidas, además, no se cumplimentan las órdenes de aprehensión en contra de los responsables del crimen de Guadalupe Cruz Hernández.
Recordó que existe una recomendación número 90/2018 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) número 361/2017, al gobierno de México y de Chiapas para que se atiendan las demandas de los desplazados y no se han atendido en su justa dimensión.
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