El presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, Felipe de Jesús Granda Pastrana, ha instado a la Auditoría Superior del Estado a llevar a cabo una exhaustiva investigación sobre el presunto desvío de recursos públicos por un monto de 700 mil pesos provenientes del ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez hacia sindicatos locales. Granda Pastrana enfatizó que, de confirmarse la malversación, los fondos deberían ser reintegrados a la Hacienda Pública Municipal.
Durante una entrevista, el legislador expresó la necesidad de analizar la Ley Orgánica Municipal de Tuxtla Gutiérrez para determinar si existe un respaldo legal para el apoyo financiero a los sindicatos. Aunque mencionó que durante su tiempo como regidor siempre se otorgaron este tipo de apoyos, Granda Pastrana subrayó la importancia de justificar adecuadamente dichos desembolsos y, en caso contrario, proceder con la devolución de los fondos.
El legislador informó que, según su conocimiento, el actual presidente municipal, Carlos Morales, ha reducido el monto destinado a los sindicatos, generando malestar entre ellos. Sin embargo, Granda Pastrana admitió no tener detalles sobre cómo las administraciones anteriores manejaron estos apoyos.
Ante la posibilidad de convocar al presidente municipal para obtener más información sobre el destino de los recursos públicos, Granda Pastrana sugirió que la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado podría considerar esta opción. No obstante, insistió en que la responsabilidad principal recae en la Auditoría Superior del Estado para llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre el supuesto desvío de fondos.
El legislador destacó la necesidad de verificar si el desvío de recursos está respaldado por acuerdos de cabildo u otros convenios con sindicatos, ya que en el ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez existen cinco sindicatos, además de otros en el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, así como en el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia.
Granda Pastrana subrayó que las posibles sanciones dependerán de la justificación que presente el ayuntamiento en relación con el uso de estos recursos públicos. Enfatizó la importancia de llevar a cabo una revisión minuciosa y analizar a fondo la información para determinar si el desvío está respaldado por acuerdos legítimos.
En conclusión, el presidente de la Comisión de Hacienda enfatizó que, de no justificarse adecuadamente el uso de los fondos, el primer paso sería la devolución de los recursos, subrayando que esta es una práctica común antes de aplicar sanciones más severas, especialmente considerando el significativo presupuesto del ayuntamiento, que asciende a alrededor de mil millones de pesos.
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