En medio de discusiones sobre un eventual aumento en las tarifas del transporte público en Chiapas, el presidente de la Comisión de Movilidad y Transporte del Congreso del Estado, Rubén Antonio Zuarth Esquinca, señaló que cualquier incremento debería estar precedido por el cumplimiento de la Ley de Movilidad y Transporte, especialmente en lo que respecta a la sustitución de vehículos en la modalidad de taxis y combis.
Según Zuarth Esquinca, la ley establece que los concesionarios deben reemplazar sus unidades, fijando una vida útil de cinco años para las combis y siete para los taxis. Esta renovación vehicular se plantea como el primer paso necesario antes de considerar un eventual aumento en las tarifas del transporte público.
El legislador señaló que, según el principio de representación proporcional, la prioridad debe ser atender las demandas de la sociedad, asegurando un transporte público de calidad, cómodo y seguro. Solo en estas condiciones se podría justificar un costo mayor para los usuarios, y en caso contrario, cualquier aumento tarifario carecería de fundamentos.
Zuarth Esquinca subrayó que la Comisión de Movilidad y Transporte no tiene la competencia de tomar decisiones sobre el aumento de tarifas, ya que esta responsabilidad recae exclusivamente en el gobierno del estado, a propuesta de la Secretaría de Movilidad y Transporte. No obstante, mencionó que diversas organizaciones se han acercado a la Comisión buscando su opinión, y él ha expresado claramente su postura de que no existen condiciones para un aumento hasta que se garantice un servicio de calidad.
Los proveedores de servicios podrán argumentar los crecientes costos de combustibles, repuestos y otros insumos; sin embargo, Zuarth Esquinca recalcó que deben cumplir con la ley para garantizar un servicio de calidad, seguridad y comodidad para los usuarios, quienes pagan por un servicio que debe corresponder a las expectativas de calidad.
En el centro de la problemática, según el presidente de la Comisión, está la falta de aplicación de la Ley de Movilidad y Transporte, que debería obligar a los concesionarios a retirar las unidades que han superado su vida útil. Entre los reclamos de la sociedad se encuentra también la necesidad de actualizar los certificados de aptitud de los conductores, garantizar la capacidad de las unidades, implementar el equipamiento tecnológico como cámaras de videovigilancia, y asegurar que los vehículos no circulen a altas velocidades. La resolución de estos problemas se presenta como crucial antes de considerar cualquier ajuste en las tarifas del transporte público en Chiapas.
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