En el inicio del segundo semestre del 2023 en Chiapas prevalecen al menos diez conflictos sociales, álgidos, que reclaman de la gran responsabilidad del Estado Mexicano, en algunos hay cumplimiento de sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la falta de condiciones para realizar elecciones extraordinarias.
Los conflictos sociales que se presentan en los municipios de Oxchuc, Frontera Comalapa y Honduras de la Sierra tienen incumplimiento de sentencia de órganos jurisdiccionales; el primero, Oxchuc, está enfrascado en una lucha por el poder por la presidencia municipal, la primera elección por libre determinación lo realizaron en abril del 2019, la segunda debió efectuarse en diciembre del 2021 pero por violencia se interrumpió, el mandato jurisdiccional es reponer el proceso, apenas se ha puesto de cuerdo el Concejo Municipal a cargo del profesor Luis Sántiz para celebrar reunión de cabildo y convocar a asamblea para tratar de dar continuidad al proceso electoral.
En Frontera Comalapa la ausencia de seguridad ha impedido realizar elecciones extraordinarias mandatadas por los órganos jurisdiccionales local y federal, en el 2021 hubo comicios pero se anularon, en abril del 2022 no se efectuaron las extraordinarias, lo mismo pasa en Honduras de la Sierra, donde cuatro comunidades que no desean pertenecer al municipio han impedido elecciones desde el 2021 ordinarias y el 2022 extraordinarias y han adelantado mensajes de que al no ser desincorporadas para regresar a Siltepec en el 2024 ahí no habría elecciones.
Mientras tanto, en Pantelhó se ha complicado las condiciones de seguridad para el pueblo, la presencia del grupo de autodefensa El Machete y la desaparición desde julio del 2021 de 18 personas, las familias claman justicia, así lo expresa una de las mujeres familia de desaparecidos, Concepción Ramos Cancino, han presentado demanda ante la Fiscalía General del Estado, que a finales del 2022 ofreció una recompensa de 500 mil pesos para quien aporte información para su localización pero los familiares dicen que no hay resultados.
En el vecino municipio, Chenalhó, prevalece el diferendo agrario con Aldama y Chalchihuitán, los disparos con armas de fuego de diferentes puntos, mientras que en Chenalhó también prevalecen desplazadas unas 500 personas del ejido Puebla expulsados en mayo del 2016, tras represión del cabildo de ese año del Partido Verde Ecologista de México por no ha era votado a su favor en los comicios municipales del 2015, Aracely Cruz López, representante de los desplazados lamenta que no haya justicia.
También existe el reclamo de justicia y de seguridad en San Cristóbal de Las Casas, mientras que comunidad del noreste de Cintalapa de Figueroa se dicen desamparados por el Estado Mexicano ante la amenaza de despojo de más de 163 mil hectáreas de tierras por parte de comuneros de San Miguel y Santa María Chimalapas.
En el municipio de Venustiano Carranza sigue el diferendo agrario entre la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ) Casa del Pueblo y la Alianza San Bartolomé de los Llanos, que se disputan más de 18 mil hectáreas de tierras comunales.
Los conflictos podían tener complicaciones a partir del último semestre este año cuando inicia el proceso electoral federal para la elección presidencial, de senadores y diputados federales, y en enero del 2024 comienza el proceso electoral local para la sucesión de la gubernatura, el Congreso del Estado y 123 ayuntamientos.
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